La protección de los bienes de la franja aragonesa: un acto de soberanía catalán

He estado reflexionando sobre la buena voluntad de los juristas aragoneses para mostrar que no habrá problemas para la devolución de los bienes aragoneses depositados en el Obispado de Lérida ante la figura de protección que tiene Cataluña sobre ellos.

Según ellos, que haya dos figuras de protección: aragonesa y catalana: una doble catalogación de los bienes, no influirá ni será una traba para que, al fin, vuelvan esos bienes a Aragón.

Estos días se ha demostrado lo falso de ese argumento. Si una Comunidad Autónoma se erige como competente para catalogar o dictar normas sobre un bien, es evidente que asume una consideración de que ese bien, de algún modo, pertenece al legado cultural de la Autonomía y ejerce sobre él un acto de soberanía. Ese bien es catalán.... por otra parte, también es aragonés, por derecho confirmado en la sentencia del pleito eclesiástico, pero también como patrimonio.

Admitir la no influencia de ambas figuras de protección es admitir que esos bienes son bienes compartidos, y, por tanto, no son exclusivamente aragoneses.

De ahí que sea razonable, desde esa posición, que Cataluña imponga los criterios de protección, actos auténticos de soberanía como pueden ser: imponer la unidad de la colección con los bienes leridanos, una unidad de gestión, intervenir en la aprobación de las sedes museísticas e imponer una política conjunta de itinerarios de las obras.

También es razonable que las diócesis aragonesas se nieguen a esa intromisión catalana en la gestión de unos bienes que son íntegramente aragoneses.

La única solución a ese nudo gordiano es, evidentemente, la descatalogación de los bienes por parte de los catalanes, por considerar que son aragoneses y ya cuentan, en Aragón, con una protección adecuada.

No tiene sentido un convenio sobre la gestión de esos bienes: sólo cabe la devolución incondicionada.

Otra cuestión sería que, después de la devolución de esos bienes al obispado barbastrense, entre los obispos de Barbastro y Lérida, ayudados por los gobiernos autonómicos, se establezca un protocolo de colaboración para exposiciones conjuntas, como es habitual con otros legados culturales o artísticos.

Sólo se entendería una tutela superior, la del Estado, no la de una Comunidad Autónoma frente a otra. Lo contrario establecería un precedente de soberanía de Cataluña sobre Aragón totalmente inadmisible. Y así deberían de entenderlo todos nuestros políticos.

Federico R. de Rivera